Justicia brasileña ordena al gobierno confiscar tierras cuya deforestación ilegal ha sido comprobada

BRASILIA — Un juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil le ordenó el lunes al gobierno federal confiscar propiedades privadas cuando se determine que los propietarios son responsables de deforestación ilegal o incendios forestales.

El histórico fallo —que podría ser apelado— también le ordena a los gobiernos federal y estatal adoptar medidas que bloqueen la regularización, un proceso mediante el cual la tierra adquirida ilegalmente se vuelve legal. La expectativa de obtener la regularización ha sido uno de los principales impulsores de la deforestación en la Amazonia. Los acaparadores de tierras talan la tierra con la esperanza de que a la larga se les otorgue el título de propiedad gracias a leyes laxas de tierras o amnistías gubernamentales.

Además, las autoridades deben intentar obtener una compensación monetaria de parte de los propietarios de tierras responsables de llevar a cabo destrucción ilegal e intencional, según el fallo del juez Flávio Dino.

El caso se deriva de una petición presentada por el partido Rede Sustentabilidade (Red de Sostenibilidad), con el apoyo de varias organizaciones ambientalistas. Exige políticas federales y estatales más estrictas para proteger la selva amazónica y los humedales del Pantanal. Ambas regiones han sufrido devastadores incendios forestales —en su mayoría provocados por el hombre— desde 2020. La ministra de Medio Ambiente, Marina Silva, es la fundadora y líder principal de este partido.

“El fallo apuntala los empeños del gobierno brasileño para combatir la deforestación ilegal y los incendios intencionales”, indicó Paulo Busse, abogado del Observatorio del Clima, una red de docenas de grupos ambientalistas, de la sociedad civil y académicos. Esa organización es uno de los grupos que respaldan la petición.

Busse dijo a The Associated Press que el fallo podría tener un efecto inmediato, ya que hay varias determinaciones judiciales con declaraciones de culpabilidad por deforestación ilegal, principalmente en la Amazonia.

Brenda Brito, investigadora jurídica de la organización ambientalista sin fines de lucro Imazon, señaló que la parte más significativa del fallo es el combate a la regularización de propiedades vinculadas a delitos ambientales.

“En este momento, las leyes de regularización de tierras en la Amazonia —federales y estatales— no prohíben otorgar títulos a propiedades en las que se ha cometido deforestación ilegal”, dijo a la AP.

El fallo no especificó un margen de tiempo, lo que significa que el gobierno podría tratar de incautar tierras deforestadas ilegalmente hace años.

Las solicitudes de comentarios hechas a la Confederación de Agricultura y Ganadería de Brasil, al igual que a líderes de la bancada agroindustrial en el Congreso, no habían sido respondidas hasta el momento.

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