Juez solicita más información a gobierno de EEUU sobre acuerdo para detener migrantes en El Salvador

WASHINGTON — Un juez federal dijo el miércoles que ordenará al gobierno del presidente estadounidense Donald Trump proporcionar más información sobre los términos bajo los cuales decenas de inmigrantes venezolanos están detenidos en una notoria prisión de El Salvador, dando un paso más hacia decidir si se requiere que los hombres sean devueltos a Estados Unidos.

El juez de distrito James E. Boasberg dijo que necesitaba la información para determinar si los aproximadamente 200 hombres, deportados en marzo bajo una ley de tiempos de guerra del siglo XVIII, estaban efectivamente bajo custodia de Estados Unidos. Boasberg señaló que Trump había presumido en una entrevista que podía recuperar a un hombre encarcelado erróneamente en El Salvador en un caso separado si simplemente lo pedía. El abogado del gobierno, Abishek Kambli, dijo que esa y otras declaraciones públicas de funcionarios del gobierno sobre su relación con El Salvador carecían de “matices”.

Kambli no proporcionó a Boasberg ninguna información sobre el acuerdo del gobierno federal con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien una vez se autodenominó “el dictador más cool del mundo” y está reteniendo a inmigrantes deportados de Estados Unidos en la prisión CECOT de su país. Ni siquiera confirmó los términos del acuerdo, que la Casa Blanca ha dicho que son un pago de 20 millones de dólares a El Salvador.

Boasberg quiere la información para establecer si el gobierno tiene lo que se llama “custodia constructiva” de los inmigrantes, lo que significa que podría devolverlos si él lo ordenara. La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) ha solicitado que Boasberg ordene el regreso de los hombres, quienes fueron acusados de ser miembros de una pandilla que Trump afirmó estaba invadiendo el país. Minutos después de que Trump revelara su proclamación en marzo, alegando poderes de tiempos de guerra para interrumpir los procedimientos de inmigración y remover a los hombres sin audiencias judiciales, los inmigrantes fueron trasladados en avión a El Salvador.

Eso ocurrió a pesar del fallo de Boasberg de que los aviones debían ser devueltos hasta que él pudiera decidir sobre la legalidad de la medida, y está examinando por separado si debe considerar al gobierno en desacato por esa acción.

Después de los vuelos de marzo, la Corte Suprema federal dictaminó unánimemente que nadie podría ser deportado bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 sin la oportunidad de impugnarlo en la corte. Desde entonces, tres jueces federales separados han dictaminado que la invocación de la ley por parte de Trump fue ilegal porque la pandilla que nombró no está realmente en guerra con Estados Unidos. Es probable que esos fallos sean apelados hasta llegar nuevamente a la Corte Suprema.

Kambli reconoció el miércoles que los hombres deportados en los vuelos de marzo no tuvieron la oportunidad de impugnar su designación bajo la Ley de Enemigos Extranjeros (AEA, por sus siglas en inglés), como requiere el tribunal superior. Pero argumentó que Boasberg no puede concluir que Estados Unidos todavía tiene la custodia de los hombres. Si Estados Unidos los pide de regreso, dijo Kambli, “El Salvador puede decir ‘No’”.

Cuando requirió audiencias judiciales para aquellos afectados por la ley, el tribunal superior también retiró gran parte del caso de la AEA de Boasberg, dictaminando que los inmigrantes deben impugnar su remoción en los lugares donde están detenidos, no en la sala de audiencias de Boasberg en Washington D.C. Boasberg, quien inicialmente bloqueó las remociones a nivel nacional, ha mantenido parte del caso, incluyendo el destino de los hombres que fueron deportados primero.

Trump y algunos aliados republicanos han pedido que Boasberg, quien fue nominado para el cargo por el expresidente demócrata Barack Obama, sea sometido a un juicio político. Esos llamados provocaron una rara declaración del presidente de la Corte Suprema, John Roberts, quien dijo que “el juicio político no es una respuesta apropiada a un desacuerdo sobre una decisión judicial”.

Boasberg insinuó el miércoles que, en última instancia, podría requerir que los hombres deportados reciban el debido proceso que la corte suprema exige, ya sea trayéndolos de regreso u ordenando que sean trasladados a otra instalación, como la Bahía de Guantánamo, la cual está completamente bajo control de Estados Unidos.

También hubo una insinuación de que Boasberg estaba al tanto de la forma en que Trump y sus seguidores han interpretado las decisiones jurídicas en el caso. El juez apuntó que algunos en el gobierno han descrito el fallo inicial de la Corte Suprema como una victoria en la que la corte respaldó la legalidad de la proclamación de Trump.

Mencionando que había una línea abierta para que el público pudiera escuchar la audiencia, Boasberg leyó de ese fallo, que establece explícitamente que no aborda la legalidad de etiquetar a la pandilla como un invasor extranjero.

“Estamos de acuerdo”, dijo Kambli, “no manejaron ese tema preciso”.